SAN JUAN, Puerto Rico — La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó el domingo 14 de diciembre un proyecto de ley polémico que, según sus críticos, representa un golpe a la democracia y dificultará el acceso a la información pública en un territorio estadounidense conocido desde hace tiempo por su falta de transparencia gubernamental.
González explicó que el proyecto de ley modifica una ley existente para establecer normas más claras, evitar confusiones y reducir lo que, según ella, era un “número considerable de demandas.” Ella añadió que también establece sanciones para quienes incumplan la ley.
Más de una docena de organizaciones periodísticas y grupos de derechos civiles han rechazado el proyecto de ley, señalando que solo se celebró un día de audiencias públicas con muy poca antelación.
“Es inconcebible que los líderes de Puerto Rico se esfuercen por perjudicar el acceso de sus ciudadanos a la información y degradar la calidad de la libertad de prensa en la isla,” dijo Clayton Weimers, director ejecutivo de Reporteros Sin Fronteras en Norteamérica.
Con la nueva ley, las agencias gubernamentales ahora tienen 20 días hábiles en lugar de 10 para entregar documentos que contengan menos de 300 páginas o que hayan sido creados hace menos de tres años.
Las agencias ahora también tienen hasta un mes para divulgar documentos de más de 300 páginas o con una antigüedad superior a tres años, con una prórroga de 20 días confirmada.
“Al promulgar esta ley, a pesar de la amplia oposición, la gobernadora deja claro que su interés no reside en la transparencia gubernamental,” declaró la ACLU de Puerto Rico. “Esta ley no beneficia a nadie, excepto a aquellos funcionarios públicos que buscan obstaculizar o impedir que el público reciba la información a la que tiene derecho.”
A principios de este mes, una coalición de organizaciones periodísticas y grupos de la sociedad civil enviaron una carta a la gobernadora pidiéndole que vetara el proyecto de ley, calificándolo de “peligrosa violación del derecho del público a la información.”
La carta señalaba que el proyecto de ley no solo duplica el plazo que tienen las agencias gubernamentales para divulgar la información solicitada, sino que también “permitiría al gobierno clasificar información como confidencial sin revisión judicial y eliminaría las protecciones de privacidad personal para quienes solicitan dicha información.”
Según la carta, el proyecto de ley también elimina “la obligación previa del gobierno, establecida en la ley de 2019, de proporcionar la información en el formato solicitado, lo que dificulta el análisis de los datos… (y) también permitiría al gobierno denegar solicitudes válidas porque la información está distribuida en varios documentos u organismos.”
Obtener información pública en Puerto Rico ha sido difícil durante mucho tiempo, lo que a menudo obligaba a los medios de comunicación locales que podían permitírselo a recurrir a los tribunales, a pesar de que el gobierno aprobó una ley en 2019 para permitir el acceso a la información pública en poder de las agencias estatales.
La ley de 2019 señalaba que en Puerto Rico, “los ciudadanos y la prensa están sujetos a procesos judiciales discrecionales que son costosos y pueden tardar meses cuando solicitan información pública. Si bien el derecho de acceso a la información está consagrado en la Constitución, la falta de un mecanismo procesal para hacerlo cumplir da lugar a frecuentes violaciones.”
La ley de 2019 también establecía que “muchos gobiernos han prometido transparencia, pero nunca se han comprometido realmente con ella. Este es uno de los factores que ha contribuido a la erosión de la confianza pública en el gobierno, que se ha convertido en una estructura compleja, burocrática y opaca en su toma de decisiones.”
Hace varios años, un periódico local adquirió la costumbre de publicar sus solicitudes de información pública y el tiempo que había transcurrido sin recibir respuesta por parte de las agencias estatales.
El Senado de Puerto Rico aprobó el proyecto de ley por 18 votos a favor y 9 en contra a mediados de octubre, sin que se celebraran audiencias públicas. La Cámara de Representantes lo aprobó en noviembre tras un solo día de audiencias, con 29 votos a favor y 24 en contra.
Traducido por Damaris Pérez Pizarro
